sábado, 4 de agosto de 2018

DE LA TERRIBLE BANALIDAD DE LA IDEOLOGÍA

El pasado domingo se consumó la tragedia. El cuerpo de la democracia venezolana yace al fin exánime en el suelo, pisoteado por el Estado autoritario de Maduro. Sus heridas son las de su pueblo. Agotada, asfixiada por los gases, infinitamente magullada, busca a tientas un fulgor que la yerga de nuevo. Está hambrienta —metafórica y literalmente— de cambio. Pero sola no puede. La valentía, por desgracia, no siempre es suficiente. Por eso es tan importante una condena externa, contundente y sin paliativos de la improbidad chavista para con su ciudadanía. Con un pueblo inánime pero dispuesto a resarcirse, y con una comunidad internacional alineada contra lo abyecto del autoritarismo chavista, podrá entonces caer el tirano y volver la soberanía de la nación al lugar que le corresponde: a las leyes, a la Asamblea Nacional, en fin, al orden jurídico inalienable que se le supone a toda democracia.

Sin embargo, a pesar de todo, la condena no es unánime. Después de más de un centenar de muertos, cientos de detenciones irregulares y miles de heridos, pensaba yo —ya, ya lo sé: ¡ingenuo!— que el día de la «votación» —¡más de diez muertos en una sola jornada!— supondría la puntilla a más de tres meses de terror patrocinados por el Estado. Pensaba que nadie podría estar tan ciego como para seguir justificando lo injustificable. Lamentablemente, me equivocaba. Así, me he encontrado con que uno de nuestros más insignes políticos, el comunista Alberto Garzón, de Unidos Podemos, afirmó al día siguiente que «A pesar de la violencia de la oposición (sic), ocho millones de personas han votado paz y futuro para Venezuela». A continuación, un torrente de dirigentes de la izquierda radical —sobre todo de IU, pero también de Podemos u organismos compartidos por ambos, como En Marea— han secundado a su compañero con barbaridades similares. Pablo Iglesias, otro destacado político patrio, ha optado por seguir con su estrategia electoral: alejarse todo lo posible del paradigma venezolano, tan poco reivindicable en estos tiempos. Escondido tras la figura del Zapatero mediador —al que creo sincero en sus intenciones, pero errado en su proceder—, pretende desterrar de nuestra memoria su pretérita filiación con el régimen chavista. Todo ello, por supuesto, mientras siembra la duda sobre la legitimidad democrática de la oposición. Iglesias leyó con atención, no cabe duda alguna, los consejos que Maquiavelo dio en El príncipe, especialmente cuando argumentaba que acaso es mejor parecer virtuoso que serlo.

Sea como fuere, se hace inevitable intentar comprender. ¿Cómo es posible llegar a tal extremo de negación? ¿Qué lleva a un ciudadano nacido en uno de los países más privilegiados del orbe a defender un régimen tan ominoso como el chavista? ¿Acaso pensarían igual una vez en el gobierno? ¿Serían capaces de usar los métodos que allí sancionan con sus compatriotas? Y quizá mi respuesta —hija de la indignación ante la iniquidad— no sea satisfactoria en su totalidad. Con todo, la creo verdadera en lo más esencial, a saber: que es la ideología la responsable última de tal sinrazón. No podría ser de otra manera. Yo, antaño izquierdista como el que más, lo he vivido en mis carnes. De repente, un día, sin casi percatarte, pierdes el respeto al ser humano. La realidad queda al servicio de la idea, y no la idea al servicio de la realidad. Y aunque de la adolescencia se sale, no lo veo tan claro en lo que respecta a nuestros ya adultos políticos de la izquierda. Han tenido tiempo y formación para hacerlo. No obstante, ahí siguen, anteponiendo algo tan banal como la ideología a la vida y a la dignidad de un pueblo. Efectivamente: estoy convencido de que para ellos, en lo más hondo, Maduro es un hijo de puta, pero, al fin y al cabo, es su hijo de puta.

Lo más grave del asunto, empero, no es la defensa ideológica del modelo chavista —de por sí una falla democrática de peso—, sino lo que se desprende de tal postura. Si razonamos consecuentemente, no queda otra que responder con una rotunda afirmación a las dos últimas preguntas antes planteadas. Su espíritu autoritario, antes maquillado por la irrelevancia política, queda ahora al descubierto; y lo que se vislumbra no es ni hermoso ni digno de alegría. Después de todo, dirigentes e ideólogos de nuestra tercera fuerza política —recuerden: más de tres millones de votos y capacidad de gobierno en diversos ámbitos de la administración pública— legitiman día sí y día también, por estratégico silencio o por aprobación manifiesta, la singladura autoritaria del Estado venezolano.

Al principio, la conclusión desconcierta. Tras el reparo inicial, un adagio conocido: «comprenderlo todo es perdonarlo todo». Pero no. En este caso no; en este caso entender significa acaso lo contrario: no perdonar. Y no perdonar implica no olvidar. Porque bajo ninguna circunstancia hemos de olvidar quiénes han defendido al régimen que hace unos días reprimía brutalmente a su pueblo; al régimen que ha cosechado las calles de devastación, de escasez, de enfermedad, de hambre; al régimen que ha quebrantado todo signo de democracia; al régimen, en fin, que ha llevado al desastre más absoluto a un pueblo civilizado. Olvidarlo sería caer en las aguas más turbias de la historia; aquellas que están anegadas de desastres y maldiciones. Hemos nadado por cuarenta años en aquellas procelosas aguas, y no queremos volver a probar su amarga sal.

Por tanto, permítanme que les dé un consuelo: el pueblo español nos les absolverá. La losa que descansa sobre ellos es demasiado onerosa; cargan a sus espaldas con la inmensa desgracia de haber puesto la ideología política por delante de la justicia. Su complicidad les acusa. Su consiguiente ostracismo no puede ser achacado, pues, a nada que no sea ellos mismos. En este sentido, estén —estemos— tranquilos: se han condenado. Y su condena, créanme aquí, es nuestra liberación.

lunes, 26 de marzo de 2018

LA IZQUIERDA DERROTADA

Si algo resulta sorprendente para aquellos que defendemos a una izquierda liberal, moderna en su sentido histórico y político, es la deferencia que la izquierda radical patria, acaso más apegada al derecho etíope y sudanés que al continental, y sin duda más influenciada por la experiencia anticolonial del siglo pasado que por sus propios orígenes políticos, tiene por las supuestas naciones sometidas que anidan en España. Antaño defensora de la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos de la nación, sin diferenciar por razón de sexo, raza, lengua o identidad religiosa, ahora se presenta como principal adalid de las peculiaridades regionales —peculiaridades que, dicho sea de paso, ya están recogidas y protegidas en nuestro ordenamiento jurídico—. 

Esta defensa de lo lugareño es comprensible y, hasta cierto punto, plausible. Después de todo, el ser humano, gregario por naturaleza, tiende a amar el rodal de tierra en el que nace más que aquel que le es adyacente, en el que nace el vecino. El problema estriba, empero, en que en su ensimismamiento regionalista —muchas veces fruto del mero cálculo político-electoral— han llegado a coincidir y confundir su mensaje con el nacionalista. Así, han construido un discurso simbiótico en torno al carácter antidemocrático de España, asociando el Estado en su totalidad a las gobernanzas del Partido Popular y sus desmanes. El Estado y sus órganos direccionales más esenciales, entre ellos el Legislativo y la Judicatura toda, quedan subsumidos dentro de este relato a la corrupción de un partido político determinado. España es, siguiendo el razonamiento, corrupta, antidemocrática, tardofranquista y demás denuestos habituales. Este metarrelato político es fecundísimo para ambos, pues abre las puertas a la legitimización de la ruptura con el pútrido ente histórico que sería España. 

No es casualidad que Pablo Iglesias, cuando aún llevaba piercings y se decía comunista en público, afirmara en La Tuerka que «envidiaba» a la derecha catalana y vasca —nacionalista, entiéndase—, que en comparación al Partido Popular se erigían en pulcrísimos representantes de la democracia cristiana y el liberalismo conservador. 

Mientras nuestra izquierda, por su sensibilidad antes mencionada, acalla y empequeñece los desmanes del soberanismo —¡los días 6 y 7 de septiembre, acuérdense, derogaron de facto el Estatuto y la Constitución!—, se muestra histriónica ante cualquier acto legítimo del Estado en defensa de la legalidad. Basta con analizar someramente la actitud de la más ínclita izquierdista catalana, Ada Colau, siempre tan predispuesta para las performances independentistas como indispuesta para el más mínimo ademán de lealtad institucional. 

Con todo, la contaminación ideológica y programática de la izquierda catalana —resistiendo acaso el PSC, si bien con dejes preocupantes— no es lo que resulta extraño, pues no son ajenos al ímprobo esfuerzo «nacionalizador» que la administración catalana ha venido promoviendo; no, lo que resulta harto peculiar es que la izquierda que se pretende renovadora de esa España mísera, monárquica, de reminiscencias negrolegendarias, cargue con un paquete ideológico que en sí volatiliza toda posibilidad de proyecto común. Renovar España sin España que renovar, en suma. 

El corolario de esta admonición es elemental: si desean gobernar a la nación española, mejor empiecen a asumir que esta, en efecto, existe.

jueves, 21 de septiembre de 2017

LA NATURALEZA REGALISTA DEL SOBERANISMO

Para comprender el surgimiento del Estado moderno se hace necesario acudir a la pugna mantenida entre las diversas monarquías europeas y la Iglesia Católica —o mejor: el Papado de Roma— por el poder y la autoridad política. Una de las más destacadas escenificaciones que tuvo esta porfía entre el poder eclesiástico y el cada vez mayor poder soberano del monarca fueron las regalías; prerrogativas de diverso calado que los monarcas ostentaban, y que como regla general solían abarcar el ius cudendae moneta o derecho a acuñar y fijar la moneda del reino, la administración de la justicia civil y el control sobre diversos tributos y diezmos. Tal como estipulaba el título primero del primer libro del Fuero Viejo de Castilla, en el apartado De las cosas que pertenescen al señorio del Rey de Castiella: «Estas cuatro cosas son naturales al señorio del Rey, que non las deve dar a ningund ome, nin las partir de si, ca pertenecen a el por razon del señorio natural: Justicia, Moneda, fonsadera, è suos yantares». Así, estas regalías, «naturales al señorio (sic) del Rey», aparecen como piedra angular, fundacional, del poder soberano del monarca. Estas, además de acotar la dispersión normativa característica del alto medievo, servirán a los monarcas para reafirmarse frente al otro poder hegemónico del momento, el de la ekklēsía cristiana. Es dentro de estas coordenadas históricas que se encuadra el quehacer regalista del soberanismo monárquico. El proceder e intencionalidad del regalismo en tanto que pensamiento y práctica política parecen evidentes: arrogarse cada vez más prerrogativas, cercenando las eclesiásticas o potenciando las propias allá donde fuere posible, para así conseguir la independencia total del poder soberano del monarca, es decir, para llegar, en última instancia, al absolutismo político característico de los siglos XVII y XVIII.

Siguiendo un método análogo al que seguiría el soberanismo monárquico, el soberanismo contemporáneo que aflige a nuestro Estado —especialmente el catalán, pero también aquellos hibernantes— pretende, por un lado, enajenarse de toda sujeción exógena, ya sea esta de carácter educativo, fiscal o judicial, y, por otro lado, consecuencia inmediata de la anterior, incorporar aquello que antes lo encorsetaba a su razón soberana. En su seno coexisten, pues, dos voluntades: una totalizadora y otra integradora. De tal modo, abundando en el argumento, todas aquellas competencias y prerrogativas que el soberanismo nacionalista aprehende de la esfera del poder y de la autoridad política  —hecho que en nuestro caso se explica en gran medida por dejación de funciones de los sucesivos Gobiernos de España— quedan puestas al servicio de su ethos, esto es, de su principio primero y último, que no es otro que reafirmarse frente al poder soberano que antagoniza. Busca, en definitiva, una independencia que se fundamente únicamente en su propia soberanía. No podría ser de otra forma: en su naturaleza descansa el mismo principio regalista que engendró el Estado moderno, si bien el contemporáneo, el nacionalista, tiene la paradójica misión de abolirlo.

Una vez expuesta la naturaleza política del soberanismo, fiel reflejo del regalismo decimonónico, cabría preguntarse por su operatividad. En este sentido, la labor de minado del Estado de derecho y de la igualdad jurídica de todos los ciudadanos españoles a través de la constante sustracción de prerrogativas se manifiesta de maneras muy variopintas, aunque siempre concordantes con el ulterior objetivo soberanista. De entra las más destacables están las que en lo general se refieren a la lengua, a la economía y a la propia soberanía, y que en lo particular se materializan en la educación, la fiscalidad y la ciudadanía.

Así pues, por tratar sucintamente la más relevante de todas, la que se refiere a la dupla lengua-educación, nos encontramos ante una situación esperpéntica: dentro del ámbito educativo, el soberanismo nacionalista busca la preeminencia de la «lengua nacional» de la sedicente comunidad soberana sobre la lengua materna de la mayoría de la población  —el español o castellano, para el caso que nos atañe—, que se presenta como «lengua foránea». Un buen catalán hablará la lengua catalana; un buen vasco, el vascuence. Es aquí, en lo que se presenta como mera disposición positiva a favor de una lengua históricamente oprimida, donde se establece la primera barrera psicológica y social entre dos grupos en función de su identidad lingüística. En vez de llevar a cabo una política educativa racional, basada en el bilingüismo y en el igual derecho de los ciudadanos a recibir la educación en su lengua materna, se deja la cuestión al albur de los soberanistas. Hecho que estos, lógicamente, han aprovechado, aprovechan y aprovecharán para sus fines rupturistas.

De esta primera barrera identitaria —acaso la última que tiene a mano el nacionalismo contemporáneo, pues no le ha quedado otra que abandonar la étnica y la religiosa— brotan el resto de reclamaciones políticas del soberanismo nacionalista. Es en este punto donde se vislumbra con claridad la naturaleza excluyente y totalizante del fenómeno, pues su existencia depende de crear un antagonismo constante con el Estado democrático a través una mitomanía soberanista. La educación queda, incluida la audiovisual, como medio necesario para alcanzar un fin, como una herramienta política al servicio de la ideología. Así, una vez la impronta soberanista inunda el discurso público, todo es posible; de pronto, creer que mensajes xenófobos son admisibles —el otrora conocidísimo Espanya ens roba—, que narrativas políticas imposibles se tornan posibles —Cataluña abandonaría España sin repercusión alguna para su estatus en la Unión Europea— o que análisis económicos disparatados —por ejemplo: que no tendría efecto alguno la salida hostil e ilegal de España, su mayor mercado— guardan sentido con la realidad se vuelve la normalidad del día a día.

La consecuencia última de todo lo planteado, por lo demás, es clara. En efecto: si el regalismo monárquico devenía en absolutismo, el nacionalista deviene indefectiblemente en ruptura del orden jurídico, que no es sino el basamento que sostiene el Estado democrático que es España. Y es que aunque los gerifaltes del soberanismo nacionalista hayan sustituido el halo de la ley divina por la igualmente fulgurante voluntat d’un poble, estos siguen reflejando en sus gestos, sus actos y sus palabras los ademanes de aquellos que creen ser la encarnación política de un destino manifiesto.

Con todo, no hay que achacar la problemática actual solo a los soberanistas. Estos comprenden qué significa ser soberanista. Su raison d’être es perfectamente clara, y se atisba a cada paso de su irracional singladura. En cualquier caso, son aquellos que no entienden las raíces y las implicaciones del principio soberanista los más peligrosos para el mantenimiento de nuestra Constitución democrática. Su inocencia política —por no decir ignorancia o mala voluntad— los aherroja al discurso soberanista. En este sentido, Pedro Sánchez, con una mezcolanza de ingenuidad y nefasta estrategia política, se ha erigido ante la opinión pública como el principal valedor de la concepción de España como «nación de naciones». Pretendiendo liberarse de las arenas movedizas del debate político con un golpe de efecto, la socialdemocracia española ha terminado por hundirse sin remedio en el lodazal soberanista. Creer, como parece creer el dirigente socialista, que la «nación cultural» no lleva implícita la noción de «nación política» y, por ende, la idea de soberanía, es un dislate que la historia no perdonará.

Tengámoslo, pues, bien claro: una vez aceptadas las premisas del soberanismo, no hay escapatoria de sus consecuencias. Este es un principio axiomático e ineludible para todo aquel que se pretenda constitucionalista. Solo a través del conocimiento y asunción de este se podrá establecer una política lógica y consecuente, capaz de huir de la trampa discursiva del nacionalismo. Entretanto, mientras la deferencia y la suficiencia para con el problema soberanista dominen el panorama político español, parece que solo queda abandonarse al milagro de la salvación o a una Segunda Venida, si bien sabemos que a la Iglesia no le fue muy bien tal encomienda. En lo que a muchos respecta, nos bastaría con la venida de un Presidente del Gobierno resoluto, dispuesto a defender a los millones de ciudadanos españoles que se hallan secuestrados por un soberanismo que les quiere arrebatar su ciudadanía y sus derechos a través de procedimientos espurios e ilegales. España, con toda su significación, se debe a ellos. 

martes, 25 de julio de 2017

DEL FALSO ESENCIALISMO DEMOCRÁTICO

Una de las nociones más extendidas de nuestro joven Estado democrático —sobre todo a raíz de la erupción independentista y su calculada asociación entre «derecho a decidir» y «democracia»— es aquella que entiende la democracia desde su principio más inmediato, esto es, desde el ejercicio del sufragio universal. Por exponerlo en pocas palabras: la característica esencial de la democracia sería el voto directo. Concepción que por su univocidad reniega de todo parapeto, ya sea histórico, jurídico, social o moral, de tal suerte que el pretil que la pretenda delimitar siempre se presenta como insuficiente: la volonté générale es un torrente que todo lo desborda. Esta interpretación limitadísima de la democracia no hace sino abundar en el sempiterno problema entre legalidad y legitimidad, pues, como se ha dicho, con su absoluta afirmación del sufragio como súmmum democrático no puede evitar negar otros aspectos consustanciales a la democracia moderna, siendo la legalidad jurídica del Estado la más importante.

Pero ¿acaso puede existir una legalidad que no sea legítima? ¿O quizá, siguiendo a Tomás de Aquino y a los clásicos, se podría afirmar que lex iniusta non est lex? Y aunque esta última aserción merecería alguna matización —Aquino, por ejemplo, sigue considerando ley a la ley injusta, excepto si actúa contra la ley de Dios—, mi objetivo es mostrar que en un contexto legal en el que prevalece la igualdad jurídica, el sufragio universal de todo ciudadano, independientemente de su sexo, raza, estatus socioeconómico, etc., en fin, en el Estado de derecho que caracteriza al Estado moderno liberal y democrático, no es legítimo actuar contra el orden legal erigido sobre fundamentos democráticos, a saber: la Constitución.

Como paradigma de esta problemática sine fine creo conveniente traer a colación un texto clásico que, aunque lacónico, guarda gran valor para la filosofía del derecho. Se trata, concretamente, del presunto diálogo mantenido entre el estadista ateniense Pericles y su joven allegado Alcibíades acerca de la definición de ley y de su validez, y que recoge Jenofonte en sus Memorables. Así, se dice lo siguiente:

Se cuenta que Alcibíades, antes de cumplir los veinte años, sostuvo con Pericles, su tutor y guía de Estado, la siguiente conversación sobre leyes: —Dime Pericles, ¿podrías instruirme sobre lo que es la ley? —Seguramente, contestó Pericles. —Instrúyeme, pues, en nombre de los dioses, replicó el joven; escucho con frecuencia que se alaba a ciertos hombres por su respeto a la ley, pero pienso que no se puede merecer esa alabanza sin saber lo que es la ley. —En verdad, Alcibíades, demandas algo que no es difícil de contestar, dijo Pericles: se da el nombre de ley a toda decisión de la asamblea del pueblo, hecha constar por escrito y en la que se determina lo que se debe hacer o no hacer. —Debo entender que se ordena lo bueno o lo malo. —Lo bueno, joven, por Zeus, nunca lo malo.

En este fragmento de diálogo se observa, en primer lugar, una definición meramente normativa del hecho jurídico: las leyes serían aquello que el pueblo —en nuestro caso, sus representantes, es decir, el poder legislativo— prescribe por escrito y que determina qué se puede hacer o no. A continuación, se introduce una cuña ética, pues se dicta aquello que es bueno. Y sigue:

—Pero si no es la asamblea del pueblo, sino, según ocurre en las oligarquías, son unos pocos los que se reúnen y determinan lo que debe hacerse o no hacerse, ¿qué nombres daremos a esa decisión? —A lo cual respondió Pericles diciendo que todo lo que decide el poder del Estado que se debe hacer o no hacer y se hace constar por escrito recibe el nombre de ley. — Pero los actos del tirano que domina al Estado y en los que decide lo que deben hacer o no hacer los ciudadanos, ¿también deben considerarse como leyes? —Naturalmente, replicó Pericles, todo lo que ordena el tirano, en tanto conserva el poder, forma parte de las leyes. —¿Qué son entonces, ¡oh, Pericles!, la violencia y la ilegalidad? ¿No son un acto por el cual los más fuertes obligan a los débiles a ejecutar los actos que convienen a aquellos, no por convencimiento, sino por violencia? —Por lo menos así me parece, contestó Pericles. —Por tanto, afirmó Alcibíades, siempre que un tirano obliga a los ciudadanos a ejecutar determinados actos, sin convencerlos, ¿ejecuta una acción ilegal? —Así lo creo, exclamó Pericles, y, en consecuencia, reconozco haber cometido un error al decir que todo lo que ordena un tirano sin antes convencer a los ciudadanos y lo hace constar por escrito es una ley. —Y cuando la minoría, en lugar de usar la persuasión, abusa de su poder para dictar órdenes al pueblo, ¿lo llamaremos o no violencia? —Todo lo que se exige de alguien, sin haberlo convencido,  ya sea por escrito, ya sea simplemente oral, me parece que es violencia más bien que ley. —Y todo aquello que la masa del pueblo impone a los ricos, por el solo hecho de que los domina, sin haberlos convencido previamente, ¿es asimismo más violencia que ley? —Así es, en efecto, ¡oh, Alcibíades!, dice Pericles […].

Antes de nada: no se dejen llevar por la afiladísima dialéctica socrática que Jenofonte pone en boca de Alcibíades. Esperen un poco. Su crítica a la legitimidad del principio democrático es plausible, pero no definitiva.

Se hace necesario, pues, incidir sobre los dos puntos esenciales y críticos del texto. Por un lado, se nos dice que la ley debe ser consensuada, ejercerse a través del convencimiento y no de la violencia si es que quiere ser considerada ley. Y, por otro lado, que este precepto se extiende no solo a las tiranías y a las oligarquías, sino que llega a la democracia y a las mayorías populares. En efecto: la coacción está presente en el mismo sistema democrático —a través del monopolio de la violencia que posee el Estado, por ejemplo—, y esta puede ser ejercida, por seguir con el paradigma de Alcibíades, sobre los ricos o cualquier otra minoría. De tal modo, si la ley que surge o se mantiene por la fuerza es más bien ilegalidad y violencia que ley propiamente dicha, la legalidad característica de la democracia moderna, eminentemente liberal, queda deslegitimada en su totalidad. Aquí está el punto de coincidencia entre aquella voluntad general irredenta de la que hablábamos al principio del escrito y esta ley por consenso tan difícil de sustanciar. ¡Es curiosísimo! Nos dicen los seguidores contemporáneos de Alcibíades que, puesto que ellos no han sancionado o han dejado de sancionar el marco jurídico vigente —la Constitución de 1978—, este carece de legitimidad práctica. Pero a su vez, con gran inconsistencia, pretenden fundar otro sistema regido por los mismos principios. ¡Qué sería de ese novísimo sistema si todos aplicasen la misma lógica para con él! 

Tal como atinadamente observó el jurista austríaco Adolf Menzel en su obra Calicles, si seguimos este planteamiento hasta sus últimas consecuencias, la ley acaba por disolverse. Si todo ha de estar sujeto constantemente a la aprobación popular, a su convencimiento, la ley desaparece y se torna mera convención. En la práctica deviene en la anarquía más absoluta. Un estado —y no Estado— donde, ahora sí, reina la fuerza en su versión más brutal, pues no hay nada que retenga el inmenso poder del que disponen las mayorías políticas, ciertos colectivos y minorías o incluso algunos individuos. Al despreciar la fuerza del Estado político inauguran la aún peor violencia del estado natural. Es el todos contra todos que acertadamente describieron los padres del Estado moderno, Hobbes y Spinoza. Una situación que es, por supuesto, indeseable. 

Como se ve, la democracia queda condenada por aquellos que pretenden potenciarla, que creen que esta es una proclamación al aire, una aclamación schimittiana que tiene su objetivación en el referéndum y en el plebiscito; en definitiva, condenada por aquellos que creen que esta depende solamente de un «sí» o un «no».

A esta cosmovisión esencialista, si bien espuria, de la democracia se le opone una formalista, procedimental. Según esta, la democracia se sostiene por el respeto a una serie de procedimientos que le son propios y sin los cuales no podría darse ni concebirse un orden reglado de la realidad social. Entre estos procedimientos se sitúa, claro está, el sufragio universal de la mayor parte de la población —excepto infantes y otros casos específicos—, pero no solo; así, se incluyen la igualdad jurídica de los ciudadanos, las garantías del proceso democrático en tanto que igual acceso del electorado a los medios políticos y viceversa —una votación donde la represión del contrario político es norma no puede adjetivarse como democrática en ningún caso—, así como la supeditación de todo el proceso a la Constitución del país en cuestión. Es decir, supone un corsé piramidal —con la Constitución como piedra angular y cúspide— de la voluntad general del pueblo; lo cual, lejos de encarnar una merma de la democracia, por paradójico que suene, supone una reafirmación de esta. La reglamentación del hecho democrático y su consecuente respeto son, por tanto, los dos elementos que separan a la democracia de sus formas más degeneradas: la democracia por aclamación popular y el cesarismo democrático, por nombras algunas.

En el sistema democrático de raigambre liberal, la amenaza y ruptura del conjunto del marco legal supera con creces la inconveniencia de la fuerza institucional —y por lo tanto reglada y legítima, no arbitraria— que pueda ser ejercida por tal sistema en orden de mantenerse a sí mismo. Por supuesto, tal estructura cuenta con numerosos procedimientos que permiten su modificación ulterior. Y aunque populistas y demagogos odien tales procedimientos por ser lentos y poco complacientes para con la voluntad general del momento, son precisamente estos los que mejor atesoran el acervo democrático del que depende nuestra existencia más inmediata. Así pues, a la fuerza reglada, legítima y no arbitraria de la democracia liberal se le opone la a primera vista gran democracia popular. Esta, sin embargo, desde su noción esencialista, como se ha mostrado, acaba por implosionar el modelo liberal. Su esencialismo democrático es pura fantasía; espejismo que los guías del pueblo tienden a azuzar de vez en cuando para conseguir sus objetivos políticos, bien sean estos la secesión o lo consecución de lo que se ha venido a llamar «proceso constituyente». Es por todo esto que podemos afirmar que la ruptura o la pretensión de deslegitimizar el Estado de derecho actual no es solo un acto ilegítimo, sino profundamente reaccionario e inmoral.


Para finalizar, convengamos con Spinoza que «[...] cuando más se conduce el hombre por la razón, es decir, cuanto más libre es uno, con más constancia observará los derechos de la sociedad y obedecerá los mandatos de la autoridad suprema de la cual es súbdito». El filósofo sefardí no solo describe cómo los ciudadanos que son más libres suelen ser más fieles respecto al sistema que les garantiza dichas libertades, sino que también prescribe: la obediencia a la ley es imprescindible para mantener la libertad individual y colectiva incólumes. Hagan caso a este temprano alegato en favor del Estado democrático liberal y no sigan a aquellos que, presentándose como partidarios de la esencia democrática, no hacen sino destruir lo que tantas generaciones ha costado alcanzar: la igual libertad de todos los ciudadanos ante la ley del Estado.

miércoles, 19 de julio de 2017

LA POLÍTICA DE LA MISERIA

Antes de entrar al meollo del asunto que nos atañe me temo que he de seguir un viejo axioma estoico atribuido al filósofo Epícteto, a saber: initium doctrinae sit consideratio nominis; cita proverbial que nos anima a iniciar el estudio de la doctrina —el artículo— desde el análisis de su propia terminología nominal —esto es, el título—. En este sentido he de admitir que, con permiso  de P. J. Proudhon, filósofo y repúblico francés del s. XIX, he adoptado y adaptado para este libelo el título de una de sus obras más olvidadas y denostadas: La filosofía de la miseria. Y es que no hay título más descriptivo y explicativo de lo que se pretende desarrollar aquí. Así pues, capta cabalmente la doble vertiente del fenómeno: por un lado, su carácter político, aunque pretenda abstraerse de su (ir)responsabilidad, precisamente, política; por otro, consecuencia inmediata de lo anterior, su naturaleza mísera, ominosa. De tal modo, la elección del título La política de la miseria no se presenta como una diatriba o un ingenio, sino como síntesis razonada de lo que se expondrá.

Una vez finalizado el exordio aclaratorio se hace necesario contextualizar el hecho (o mejor: cadena de hechos) que han encendido la mecha de este escrito. Como saben, hace unos días, concretamente el 16 de julio, en Venezuela se llevó a cabo una jornada plebiscitaria que tenía como fin último hacer retroceder a Maduro —tarea que después de cien muertos se antoja complicada— de sus planes constituyentes. Este plebiscito, convocado por la Asamblea Nacional de Venezuela, poder legislativo del país, fue tachado desde los sectores oficialistas de inconstitucional y de ilegal. Hasta aquí, una vez presentados tales hechos de forma aislada, el tema quedaría como algo ajeno a nuestra política interna, obviando los vínculos ideológicos que se pudieran trazar entre Podemos e IU, otrora grandes defensores del socialismo democrático a la venezolana y el Estado socialista en descomposición que es Venezuela. Sin embargo, esta conexión, plausible y lícita, aunque manida, no es el objeto de este artículo. O al menos no lo es directamente.

He de presentar, pues, otro hecho que dé forma a la sustancia, que la delimite mejor. Y este hecho no es otro que el plebiscito ilegal —referéndum, dirán ellos— que el Gobierno catalán pretende celebrar el 1 de octubre de este mismo año y que aparece como órdago de un Parlamento y un Ejecutivo que operan ajenos a la legalidad, al Estado de derecho del Reino de España.

De tal manera, sin entrar en más detalles, se pueden entrever ciertos paralelismos entre las dos situaciones presentadas. En efecto: en ambos hay una cámara parlamentaria que legisla en franca oposición al Gobierno de la respectiva nación. Y aquí, si se ha salido al fin del parvulario político, pueden parar de enumerar similitudes.

Con todo, algunos, los más de nuestro izquierdismo en red, no han parado de contar. Porque no quieren parar o porque no saben parar. No importa: la miseria moral no distingue de porqués. Así, un sucinto repaso a las cuentas virtuales más ilustres de nuestro panorama político y social da buena cuenta de la extensión de la improbidad de nuestra sedicente izquierda. Desde Pablo Iglesias y Gabriel Rufián a Alberto Garzón, pasando por todos sus adláteres anónimos, influencers que no pasan de voceros de los primeros, han clamado contra la presunta doble vara de medir del Reino de España, de la UE y de numerosos medios de comunicación constitucionalistas para con ambos fenómenos. ¿Cómo es posible estar a favor de uno y en contra del otro? ¿Cómo —preguntan sarcásticamente, con sorna— puede una dictadura permitir un plebiscito y una democracia no? ¡Quizá la democracia sea aquella y la dictadura esta!, dan a entender. De hecho, para mayor escarnio —u orgullo, quién sabe— de nuestra izquierda radical, este es el argumento que el propio Nicolás Maduro ha esgrimido en una de sus ya comunes salidas de tono televisivas: «Para Mariano Rajoy sí es legal una consulta paralela al Estado, a la Constitución, una consulta interna que he permitido […] de los partidos de la derecha, pero no es legal el referéndum que quiere el pueblo de Cataluña —la brava Cataluña, la rebelde Cataluña, apostillará después— para decidir su estatus ante el Estado español», ha dicho el presidente venezolano, recogiendo o entregando el relevo discursivo.

Es en este punto donde mejor se aprecia la naturaleza política de lo que a primera vista se presenta como mera boutade virtual. La intención parece clara. En primer lugar, incidir en el discurso de España como democracia atípica, como democracia no constituida en su plenitud, o, directamente, como una democracia formal pero no sustancial. El régimen del 78, el candado constituyente, el franquismo sociológico, etcétera. Por otro lado, descargar peso de la conciencia. El autoritarismo y la simpleza política de Nicolás Maduro deben ser cargas sumamente onerosas para nuestros intelectuales; intelligentsia que prodigaba aquí y allá las bondades de la vía venezolana al socialismo no hace tanto tiempo. Ahora, una vez atestiguado el fracaso de su modelo, solo les queda el mover la bolita, esconderla; en fin, marear y engañar al ciudadano. Y para ello están internet y su inmediatez, la broma y su apariencia de inocuidad; está, en fin, la política de la podredumbre moral, la que pretende comparar lo incomparable a través de la repetición de lugares comunes. El objetivo último: crear una narrativa, un common sense mediático, que retrate una España anticuada, corrupta en grado superlativo, ilegítima. Y pintar un Estado ilegítimo, un Estado que los ciudadanos no reconozcan, es, como se ha visto en Cataluña tras años de labor didáctica entregada al contrario, por no decir enemigo declarado del Estado de derecho, un acto especialmente irresponsable. Una irresponsabilidad política que en el Estado moderno liberal solo puede aparecer como inmoral.

La realidad es por lo demás contraria al análisis burdo y torticero. No lo permite. Y aunque no es el objetivo de este artículo entrar en los pormenores legales, históricos, etc., que hacen de la comparación un sinsentido, sí se pueden nombrar, a modo de apunte, dos, a cada cual más evidente:

1. El plebiscito venezolano es una consulta que apela a la soberanía nacional, es decir, a todo el país. Es, pues, antitético al plebiscito catalán, que toma la parte por el todo. En definitiva: mientras uno afirma el elemento nuclear del Estado moderno, la soberanía nacional, el otro, que vive de ello, lo niega y vilipendia.

2. Aunque el chavismo aduzca que es inconstitucional, convocar un plebiscito es una prerrogativa de la Asamblea Nacional que viene avalada por la propia Constitución venezolana (véanse los artículos 62, 67 y 187 de la misma). En España, cambiando de tercio, una Comunidad Autónoma no puede convocar referendos que afecten a la indivisibilidad de la nación política, como se puede colegir del artículo 2 del Título Preliminar de nuestra Constitución. El plebiscito venezolano tiene como objetivo defender la Constitución venezolana de los ataques de un chavismo en retroceso y cada día más autoritario; el segundo, por el contrario, atenta contra la ley común de todos los españoles. Una diferencia, como ven, nada desdeñable.


España, mal que les pese para sus fines políticos —por aquello de «cuanto peor, mejor»—, es un Estado de derecho, no un Estado fallido ni en proceso de descomposición. En España, por suerte, el hambre y la enfermedad no son endémicas. Tampoco lo son la represión sistémica y sistemática a la oposición. Presentar un paralelismo entre ambos escenarios políticos, el de Venezuela y el de España, solo puede obedecer, como se ha tratado de presentar, a una razón: a la política de la miseria.